Denuncia: Se muere la cuenca del Caura del Orinoco
Pillaje, corrupción e impunidad son los tres
principales males del sistema de minería ilegal en la cuenca del Caura
del Orinoco, donde la pérdida de biodiversidad acusa un llamado de
alerta. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura( FAO), el país pierde al año 300 mil
hectáreas de bosque elevando en un 50% sus emisiones de CO2, La zona por
el mercurio y la explotación maderera se está muriendo.
En víspera del ocaso zarpa la curiara
del puerto de Maripa para comenzar a descontar los 220 kilómetros de
navegación contracorriente que lo separan de la comunidad indígena de El
Playón. Entretanto, se sortean pesadillas por la habitual lluvia a
cántaros que alborota los raudales y por la proximidad de un firmamento
eclipsado, apenas a ratos inspirado por chispas luminosas escoltadas de
estallidos sonoros que denotan supremacía y destronan al humano de su
pedestal. Las voluntades a bordo, aunque atrevidas y retadoras,
estimulan el silencio ante la aparente infinitud de lo desconocido. El
aroma a vegetación húmeda y frutos cítricos alientan el olfato, mientras
en el intrincado bosque ribereño se revelan antojosas siluetas de ojos
brillantes trajeadas invariablemente de oscuro, cuyas voces
onomatopéyicas acusan un dilatado repertorio de vida animal.
En medio de un lóbrego atardecer, el lazarillo, entusiasmado por un
jugoso fajo de billetes como rédito a su hazaña, navega atento al rigor
que impone el caudaloso río Caura y al exhausto traqueteo del motor de
la embarcación. A bordo viajan mineros portando insumos para sobrevivir
en toscos campamentos instalados sobre espacios intoxicados, saqueados,
hartos de drogas, alcohol y prostitutas, pero también colmados de oro.
Hasta El Playón es navegable el río Caura en la parte baja de la cuenca.
Para alcanzar la comunidad de Las Pavas, donde el cauce permite retomar
el cabotaje aguas arribas, es de rigor echar a andar 6 kilómetros a
través de una jungla repleta de altibajos, por donde transitan a pie
turistas, mineros, soldados e indígenas. En el trayecto es usual
tropezar con militares y nativos cargando a cuestas fatigosos bultos que
además incluyen curiaras, motores y bidones de combustible. Para el
viajero ocasional, aquel sin licencia para hurgar mas allá, la excursión
culmina al final de esta breve expedición, justo frente a la imponente
caída de agua que pone límite entre bajo y alto Caura: el Kuyuwishodü o Salto Para, donde la sesión fotográfica para inmortalizar las memorias es ritual obligado.
En este punto se agotan romance y poesía. Bajando desde el mirador
del Salto Para se avista la comunidad de Las Pavas, la primera del alto
Caura, punto de partida hacia Fijiriña y Yuruani, los campamentos
mineros más críticos de la zona donde explotadores de “bullas”
destierran el oro enfrentando pleitos, saboteo, enfermedades, desolación
y el empeño de los fusiles de la Guardia Nacional Bolivariana.
Efectivos militares ceñidos al Plan Caura han protagonizado en los
últimos años batallas intermitentes para zanjar el flagelo de la
explotación ilegal de minerales, apostando al desalojo definitivo de
advenedizos que no se rinden. Al militar se le tacha de “cobrador de
vacuna”, mientras al minero se le señala por comprar voluntades
uniformadas, seducir indígenas y amenazar a científicos que advierten
sobre la pérdida de ecosistemas y servicios ambientales.
Más allá del delito por estafa a la Nación, el aprovechamiento de bienes
naturales con métodos nada ortodoxos supone trastorno ecológico
irreversible en espacios jurídicamente protegidos sobre la cuenca del
Caura, localizada en el sector occidental del estado Bolívar. Su
superficie, 45.336 Km2, representa el 5% del territorio nacional, y es
hábitat del 17% del género florístico del país, más de 32% de la fauna
nacional y 88,3% de las plantas endémicas registradas en la Guayana
venezolana. Reportes científicos ya señalan especies de flora y fauna en
riesgo de extinción, así como severa afectación de comunidades humanas
asentadas en la región. La extracción ilegal de madera y
minerales, con procedimientos que promueven la deforestación y
envenenan las aguas de los ríos con mercurio, agota la resistencia de un
sistema natural que no es ni estático ni invulnerable. El río Caura, a
lo largo de sus 725 kilómetros, arrastra consigo la pesada carga del
malsano proceder del hombre. La huella perversa del intruso ha comenzado
a impactar la cuenca, nuestra última frontera forestal y una de las más
importantes para preservar la vida en el planeta, según el Instituto de
Recursos Mundiales.
Librar a la selva de la minería ilegal
En 2010, el gobierno implementó la segunda fase del Plan Caura
para desmantelar mafias del oro, erradicar actividad ilegal en
territorios de alto valor ecológico y abordar recuperación y saneamiento
ambiental en los yacimientos mineros de los estados Bolívar, Amazonas y
Delta Amacuro. En el papel, la propuesta cuenta con apoyo de efectivos
militares, policiales, judiciales, ministerios del Poder Popular para la
Defensa, Interior y Justicia, Agricultura y Tierras, Ambiente,
gobernaciones, alcaldías, consejos comunales y pueblos indígenas.
Además, responde a la intención del Ejecutivo. Por ejemplo, Chávez en su
campaña electoral de 1999 dijo: “si para sacar el oro hay que acabar
con el bosque, entonces me quedo con el bosque”. Vana ilusión, pues a
pesar de los buenos propósitos y de la violencia con la que se ha
abordado el “Plan Caura”, los mineros, nómadas al fin, salen de
una mina para apostarse en alguna otra, decididos a no renunciar al
oficio mientras puedan abultar bolsillos en bien simulados rostros de
corrupción. En la zona destacan tres alcabalas militares. La primera
apostada en Jabillal, última comunidad criolla a orillas del río en el
bajo Caura, concentra efectivos del Ejército, Marina y Guardia Nacional.
En El Playón y Las Pavas se sitúan sendos regimientos con soldados.
Corrupción generalizada y recursos limitados no es precisamente la
dupla idónea para combatir extracción ilegal de madera y minerales,
trata de blancas, tráfico de drogas y contrabando de combustible. “La
minería destructiva está controlada por mafias de brasileros y
colombianos subsidiados por grupos que proporcionan los medios
financieros, delincuentes de cuello blanco difíciles de aplastar. El 99%
de los funcionarios de la Policía del estado Bolívar son corruptos,
y algo debe estar ocurriendo en el sistema judicial, pues hasta la
fecha no hay un caso nuestro procesado en Fiscalía. Además, la
plataforma logística del sistema de minería ilegal está en manos de la
familia Guillén, de Maripa, que compra el oro de las minas para
revenderlo en el Paseo Meneses de Ciudad Bolívar. Lo peor es que todo
esto ocurre con el apoyo de altos personeros, algunos del gobierno, cuya
ubicación y nombres me reservo”, declara David García Niño, comandante
del Ejército al frente del 532 Batallón de Infantería de Selva Teniente
Alberto José Carregal Cruz con sede en Maripa, Municipio Sucre del
estado Bolívar.
García Niño añade que a la extendida corrupción se suman los “inexplicablemente” limitados recursos para ejecutar el Plan Caura.
“El año 2011 estuvimos internados en la selva desde el 29 de junio
hasta el 15 de julio. Destruí 27 campamentos mineros ¡Les quemé todo!
Pero allá están instalados otra vez. Deben quedar unos 200, tal vez 300.
Permanecer en el sitio sería lo ideal, pero no tengo ni infraestructura
para el resguardo de mis oficiales ni aeronave para sobrevolar la zona
de forma permanente”.
El comandante está curtido de amenazas de muerte. “Sé que por ahí
tienen sicarios contratados para matarme, pero a mí no me importa porque
estoy muy bien armado…” A nadie, menos en esta posición de suprema
responsabilidad, le hace gracia ser apuntado en negativo. Sin embargo,
alrededor de su figura se tejen historias turbias que lo señalan como
beneficiario de “vacunas”, y artífice de decomiso y posterior venta de
combustible a favor de su bolsillo. Ante semejante distinción, se
defiende: “Primero, ni yo ni mis oficiales cobramos vacuna o como se
llame eso, y con respecto a lo segundo, pues será de noche y
escondido…”.
CARMEN LEDEZMA: “Si he de morir en las minas, moriré”
“García Niño, con su ‘Operación rastrillo’, tiene más de 30 muertos
encima, pero nadie lo denuncia por miedo. Ese maneja un contrabando bien
feo con la gasolina. La decomisa y después la vende. Además, sus
militares no pelan una vacuna. Entre ellos se reparten la cochina, pero
quien se lleva la mayor parte es él. Esos militares llegan preguntando:
‘¿Hubo pacto con la tierra? Entonces echen pa’cá 200 gramas de oro’.
Imagínate, un platal. A veces se presentan y cobran enseguida, otras nos
dejan entrar a las minas con la condición de que ‘si hay pacto con la
tierra’, se les pague a la salida. Tremendo patuque. Y, por cierto, otro
que está bien empaquetado es el Rangel Gómez, ex gobernador del estado
Bolívar. ¡Ay, si Chávez hubiese sabido que estaba al frente de la peor
mafia!…”, desmadeja Carmen Ledezma, una minera de la zona.
Carmen, temeraria, ha pasado más de la mitad de su vida en las minas.
Adolescente, aprendió el oficio por los lados de La Paragua mientras
vendía ropa, medicinas y alimentos. Ahora, en el alto Caura, trabaja los
“cortes” hasta conseguir un puñado de oro que vende en Maripa a
“compradores legales con Rif y Nit. Ella reconoce que el oficio es
arriesgado, en ocasiones ingrato, y daña el ambiente, pero se niega
rotundamente a abandonarlo. “No y no, y mientras pueda meter más gente
allá lo haré a pesar de las fechorías de colombianos y brasileros.
Cualquier cosa con tal de impedir que el gobierno le entregue a los
chinos las concesiones para explotar oro, diamantes, uranio y otros
materiales, mientras a los venezolanos nos tratan de aniquilar como si
fuéramos perros rabiosos… Yo misma fui víctima de secuestro en las
minas. Esos bichos —los militares— me dejaron amarrada porque me iban a
quemar, pero como no conocen bien la zona se perdieron en la montaña. Al
final me rescató un indígena que trabaja con un brasilero. Esos
extranjeros son de lo peor, pero cuando estamos en problemas ayudan”.
Sobre los intríngulis del oficio, relata que sube de Maripa a El
Playón junto a 10 compañeros, equipos e insumos, repartidos en dos
curiaras. El kilo de mercurio cuesta más de 3 mil y una pimpina con 70
litros de gasolina ronda los 2 mil. El caleteo hasta Las Pavas depende
de la tarifa del Sanema, nativo que, a pesar de su baja estatura, tiene
fortaleza corporal admirable y se presta para la tarea a cambio de mejor
dinero del que recibiría como guía turístico. “Todos los indígenas son
mineros porque si no ya estuvieran muertitos de hambre”, sentencia
Carmen. En la selva no circula efectivo. Todo se levanta a punta de
trueque y el único “fiao” que vale es el de la vacuna. “Por una grama de
oro compras 3 o 4 kilos de harina PAN, arroz o espagueti, mientras las
putas, por un ratico, les quitan a los mineros entre 5 y 10 gramas”.
Hierve el escenario
“Entre intereses políticos y aval militar, ni el “Plan Caura”
ha conseguido desalojar a los mineros ilegales instalados en la zona
desde 2006”, dice Ramón Tomedes, líder indígena reconocido por defender
cultura y territorio de comunidades del alto Caura. Soporta su delación
agregando: “Cómo se explica que pasen 20 mil litros de combustible de
contrabando por tres alcabalas militares, y nadie haga nada, mientras al
legal lo requisan, lo intimidan, y a veces le decomisan el producto”.
Sobre la participación de indígenas en la actividad minera, defiende a
los suyos señalando “…si más bien vivimos amenazados por denunciar el
daño ambiental”.
Diferente opinión tiene Luis Sosa Silva, dueño del campamento
turístico Las Cocuizas sobre el río Caura. Él asegura: “Ya no hay
indígenas contra mineros. Directa o indirectamente todos trabajan para
ellos porque les es mucho más rentable”. Y sobre los rumores que se
tejen en torno a la laxa actitud militar, afirma que “en la alcabala de
Jabillal la vacuna se cobra solo en efectivo, mientras en las otras dos
se negocia con oro a la salida de la mina. Sé que no tienen precio fijo,
porque por allí se la pasa un Teniente que dice ‘yo no soy tan malo
así, acepto lo que tengan por allí…’”.
Félix Daza aporta valor agregado al tema compartiendo una vivencia
personal. “Tras la arremetida de mafias mineras a partir de 2006, me vi
forzado a renunciar a Wildlife Conservation Society dejando atrás el
programa de educación ambiental en comunidades criollas e indígenas y
los estudios de ictiología en el bajo Caura —que ya arrojaban resultados
preocupantes. Durante años lideré proyectos financiados por esta ONG,
hasta que mineros amenazaron repetidamente con quemar mi casa en Maripa.
Para ellos, cualquier ecologista o investigador es un ‘pajúo’, un
enemigo. Desde entonces hay poca investigación y gran vacío de
información”. En torno a la conchupancia indígena/minero, opina que es
el desempleo el factor clave que coloca al aborigen en las gradas de la
ilegalidad.
“Aproximadamente, 15% de la cuenca del Caura, en su punto de
confluencia con el río Orinoco, ha sido intervenida y modificada a tal
nivel que su recuperación es prácticamente irreversible”, sentencia
Julio César Centeno, PhD en Estudios Forestales. Advierte que, aunque la
mitad de la cuenca está jurídicamente protegida bajo la figura de Áreas
Bajo Régimen de Administración Especial, la minería y explotación
maderera se practican allí de manera ilegal en complicidad con
autoridades encargadas de velar por cumplimiento de leyes y reglamentos.
Según cifras de la FAO, el país pierde al año 300 mil hectáreas de
bosque elevando en un 50% sus emisiones de CO2, detonante del cambio
climático. “Durante más de 40 años, en Venezuela los bosques han sido
explotados eliminando vetas de maderas preciosas, más allá de su
capacidad de generación. Urge implementar medidas correctivas para
preservar la cuenca del Caura, cuya superficie está cubierta en un 85%
por selvas tropicales relativamente prístinas, para evitar que corra la
misma suerte de lotes boscosos y reservas forestales como Turén, San
Francisco, Socopó, Ticoporo, Caparo, San Camilo, severamente
intervenidas y con escasas probabilidades de sobrevivir”, agrega
Centeno. El experto, por otra parte, no desestima la propuesta de cambio
de figura jurídica de Reserva Forestal a Parque Nacional Caura. “Esto
no conduciría necesariamente a la erradicación de las actividades
depredadores en la región, a menos que tanto poder ejecutivo como
legislativo garanticen los recursos necesarios para su manejo efectivo,
que en total suman más de 2 mil millones de dólares para los próximos 20
años”.
Tierra protegida, tierra violentada
“El paso de Reserva Forestal a Parque Nacional no cambiará las cosas.
Ambas figuras —que dan jurídicamente protección a esos espacios—
seguirían expuestas a las agresiones de una actividad a la que no se le
ha puesto control o se ha tratado con lenidad; tal vez se desconoce la
gravedad del problema o quizás se tolera con fines demagógicos”, así
opina Humberto Silva Cubillán, General (R) de Brigada de la Guardia
Nacional y especialista en Derecho Ambiental. En los 90´s fue director
de la Guardería Ambiental y jefe del Comando Regional N°8, con
jurisdicción en Bolívar, Delta Amacuro y parte de Monagas. Como militar,
asegura que “corrupción y política son ingredientes que subyacen tras
la minería ilegal, fenómeno difícil de controlar por la inmensidad del
territorio y los siempre exiguos recursos logísticos y operacionales”.
Trajeado de jurista, Silva Cubillán concluye con una sentencia pavorosa.
“La cuenca del Caura, con su Reserva Forestal, es la dolorosa realidad
de un país donde las leyes, allí la Penal del Ambiente, no pasan de ser
más que parte de un arsenal interminable de normas y reglamentos que no
se cumplen”. Sobre las penalidades previstas, multas y privación de
libertad contra quienes cometan crímenes ambientales, apenas atina a
comentar: “…Tanto como irrisorias, desconocemos si han sido aplicadas en
alguna ocasión”.
FUENTE: EL ESTÍMULO
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