Ministerio Público lucha contra minería ilegal y ocupación del Waraira Repano

La información la ofreció el director de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental, Abigail Rodríguez, durante su participación en el programa “En Sintonía con el Ministerio Público” que transmite Radio Nacional de Venezuela, donde informó que se han hecho también mil 138 imputaciones de personas que incurrieron en estos delitos.

En esta oportunidad, el funcionario explicó que en cuanto a la sumatoria de las penas, éstas son susceptibles de aplicar la suspensión condicional del proceso mediante un beneficio, cuando el imputado reconoce que cometió un delito ambiental y ofrece una indemnización al Estado para reparar el daño por medio de trabajos comunitarios, entre otras acciones.

Minería ilegal

El director del Ministerio Público se refirió al trabajo que se adelanta desde la institución contra el ejercicio de la minería ilegal en zonas de parques nacionales.

En este sentido, explicó que el organismo integra una mesa de trabajo dentro de la comisión presidencial para erradicar la minería ilegal en el estado Bolívar, por lo que han acompañado a funcionarios de seguridad del Estado para el desmantelamiento de campamentos prohibidos en zonas inhóspitas.

Sobre esta materia, actualmente se encuentran 12 personas privadas de libertad por acciones realizadas en los estados Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar, detenidos en flagrancia sustrayendo material aurífero, mientras que 96 cuentan con medidas cautelares.

Rodríguez habló sobre la necesidad de crear impuestos para la explotación minera y la regulación de esta actividad a menor escala.

También refirió que esta situación debe abordarse desde una perspectiva social, debido a que existen grupos mineros encargados de manipular a comunidades indígenas.

El funcionario destacó que los fiscales con competencia ambiental trabajan en las comunidades para sensibilizar y educar a la población en valores relacionados a la protección del ambiente.

Precisó que en el año 2013, la dirección reportó alrededor de 27 mil personas que recibieron charlas y mensajes educativos acerca del aprovechamiento de los recursos naturales y los delitos previstos en la legislación en la materia, mientras que en 2014 han participado 18 mil personas.

Para atender las denuncias sobre delitos ambientales, la ciudadanía debe acudir a los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, policías nacionales, las fiscalías y el Ministerio del Poder Popular para Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo, destacó el funcionario del Ministerio Público.

En otro orden, el directivo resaltó que las actividades denominadas “Fun Race” disminuyeron en el Parque Nacional Canaima, gracias a las medidas precautelares para su prohibición.

“Las empresas patrocinadoras realizaron campañas de divulgación ambiental con charlas y entrega de material informativo, así como la reforestación de la zona afectada para devolver el ecosistema como estaba”, explicó el funcionario.

Ocupaciones en el Warairarepano

En esta oportunidad, el director del Ministerio Público tocó el tema de las ocupaciones ilegales dentro del Parque Nacional Warairarepano, las cuales se han abordado con personal del Instituto Nacional de Parques (Inparques) a fin de distinguir los habitantes autóctono dentro de este espacio y las ocupaciones nuevas que se han realizado, para el levantamiento del expediente penal y el desalojo respectivo.

Igualmente, mencionó otros delitos que se cometen en el ámbito de la capital de la República como vertidos contaminantes arrojados a afluentes acuíferos, cacería y comercialización de fauna silvestre, emisión de gases contaminantes y la tala y aprovechamiento de especies forestales.

Una de las herramientas tecnológicas aprovechadas actualmente por el Ministerio Público para detectar delitos ambientales es el satélite Francisco de Miranda, por lo que Rodríguez destacó la cooperación con la Agencia Bolivariana de Actividades Especiales (Abae) para realizar investigaciones en la materia.

Dijo que actualmente el Ministerio Público cuenta con 23 despachos fiscales dedicados a la verificación de delitos ambientales a escala nacional.

Una de las labores en el área ambiental importantes mencionadas en el programa por el funcionario y que adelanta la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, es la juramentación de comité conservacionistas.

Estos los integran funcionarios del Ministerio Público en conjunto con la Misión Árbol para realizar actividades de reforestación y rescate de espacios públicos, donde involucran integrantes de las comunidades.


FUENTE: MINISTERIO PÚBLICO

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